De acuerdo a lo registrado por MERCURIO NOTICIAS, en ese marco, se leyó un documento firmado por AGMER, ATE, AMET, SOEMMS y Asociación Bancaria Seccional Concordia donde señalan que la decisión del gobierno nacional de cerrar las oficinas de ANSES en San Salvador, junto con otras sucursales en el país, ha generado indignación y preocupación, debido que dejará a cientos de ciudadanos sin acceso a trámites esenciales y los obligará a gastar tiempo y dinero en desplazarse a otras ciudades.

Además, se considera que esta medida es "injusta e inhumana", ya que dejará a "miles de familias desamparadas" y sin acceso a la seguridad social.

En tanto, se denuncia que este cierre forma parte de "un plan de reducción y desmantelamiento del Estado", con el consecuente despido de trabajadores y "el desprecio por los adultos mayores".

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El sector sindical, sobre todo, se ha unido para exigir la reapertura de la oficina de ANSES en San Salvador y para "combatir estas políticas que perjudican a los más vulnerables".

El documento completo

Ante la terrible decisión unilateral del gobierno nacional de cerrar las oficinas de ANSES de nuestro departamento junto a las de Federal y Feliciano en la provincia, con el objetivo de poner fin a 60 sucursales y el consecuente despido de 1300 trabajadores en todo el país, nos congregamos hoy aquí para repudiar este hecho y solicitar su urgente reapertura.

Cientos de ciudadanos de nuestro departamento se ven afectados por esta insensible medida. Personas, que a partir de ahora no podrán realizar sus trámites esenciales, pues deberán destinar mucho tiempo y dinero para poder realizar los mismos fuera de la ciudad. Sólo lo harán, si pueden afrontarlos económicamente y si tienen la posibilidad de trasladarse hacia Villaguay o Concordia, que muchas veces, como las grandes ciudades a lo largo y a lo ancho del país, se ven colapsadas en su atención, porque además han sufrido la reducción de la planta de trabajadores.

Esta decisión, ha dejado al desamparo y fuera del sistema a miles de familias, sin acceso a los derechos de seguridad social, lo que significa ante la cruda realidad que estamos viviendo los argentinos, un acto injustificable y profundamente inhumano.

Esta oficina de nuestro pueblo fue un pedido de larga trayectoria que nació entrado el año 2000, al calor de la demanda organizada de un grupo de trabajadores, de los que muchos aquí fuimos parte, desde las distintas organizaciones y sindicatos, como también de trabajadores desocupados que había dejado la crisis del 2001. Formalización de petitorio, del que participaron miles de sansalvadoreños, viajes a la delegación de Concordia y entrevistas con su encargada. Idas y vueltas interrumpidas. El tiempo hizo su desgaste, pero también la posibilidad de retomar la gestión política, pudiendo concretarse por la colaboración de trabajadores municipales, al ceder su espacio físico.

El gobierno nacional tiene una profunda desconexión con la realidad, imaginemos cómo implica este cierre de la oficina en la vida de cualquier jubilado o desocupado, de una madre que requería de la misma para poder llevar adelante su trámite por la AUH, de un estudiante que realizaba un trámite de Progresar, de quien necesite viajar. Ahora, va a tener que pagar un pasaje, el cual se ha triplicado en su valor para ir a hacer un simple trámite, mientras que sus ingresos han mermado notablemente en los últimos meses, sumado al anuncio que cobrarán los haberes jubilatorios en dos cuotas.

Muchas personas por cuestiones salud, o porque tienen personas a su cargo, no pueden movilizarse y destinar toda una mañana. Este no es el camino, consideramos que nuestra lucha implica no claudicar ante estas situaciones de injusticia.

El ajuste planificado por el gobierno nacional de reducción y desmantelamiento del Estado, los despidos de trabajadores y el desprecio por los adultos mayores son prácticas antidemocráticas, avasallantes de los derechos conquistados, implica un retroceso social sin precedentes. Viene de quien debe cuidar y velar por la integridad y bienestar de la población, ataca a las provincias, a sus pueblos y a su sistema de organización federal. Es por ello que no podemos quedarnos en silencio ni ser indiferentes.

En la última semana, el gobierno nacional desató una brutal cadena de despidos en los distintos ministerios, secretarías y áreas del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado, en un reciente relevamiento, denunció 17 mil despidos y según declaraciones del propio presidente de la nación, el objetivo es el despido de 70 mil trabajadores públicos. Sin dudas, esta devastación, paralela a la paralización de la economía, tendrá además efectos directos en el sector privado de nuestras economías locales.

La situación que atraviesa la Administración de Parques Nacionales es compleja y sensible como otras áreas del gobierno. En el marco de recortes y ajustes, el gobierno anticipó que no renovará cientos de contratos claves para el sostenimiento de diversos territorios protegidos a nivel nacional. Esto desembocaría en la imposibilidad de sostener la operatividad en ciertos sectores del país, motivando su cierre. La primera tanda de despidos fue de 100 personas vinculadas a sectores administrativos al 31 de marzo, según confirmaron desde el Ministerio del Interior.

Nuestro Parque Nacional El Palmar no es ajeno a esta situación, desde hace días se encuentra con medidas de protestas. Lo que perjudica la generación de puestos de trabajo derivados del turismo, la prevención y combate de incendios por las consecuencias del cambio climático.

Desde el sector educativo, hemos visto cómo nos involucra esta situación, tanto en los despidos de los trabajadores del ex Ministerio de Educación, fundamentales en su tarea para los programas educativos y el sostenimiento de las políticas públicas, como la falta de envío de fondos a las provincias para comedores escolares y copa de leche, infraestructura, creación de escuelas, como la programada en la zona sur de nuestra ciudad, la reciente disolución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) mediante el DNU 280/2024. Se lo palpa en el cotidiano de la vida escolar viendo cómo afecta y castiga esta situación a las familias de nuestros gurises. La Educación Pública es pilar fundamental de una nación.

Pero el brutal ajuste recae en toda la población impregnando los múltiples sectores de nuestra sociedad: cierres de pymes, suspensiones de producción, despidos, paralización de la obra pública, desfinanciamiento del sistema de salud, recortes en educación, entre tantos otros que se traduce en la falta de la coparticipación a las provincias desfinanciando los presupuestos provinciales y consecuentemente, resintiendo la tarea de los municipios. Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni tampoco el traslado del mismo a las provincias y sus pueblos.

Es por ello que nos encontramos aquí: sindicatos, trabajadores, estudiantes, organizaciones, vecinos y vecinas, no solamente para expresar nuestro malestar y angustia, sino también para defender a cada una de las familias que han quedado desprotegidas por las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional.

Familias que se encuentran integradas por estudiantes que no pueden costear sus pasajes o los materiales necesarios para acceder a la educación pública, familias con trabajadoras y trabajadores que perciben sueldos pauperizados por el tremendo ajuste que lleva adelante este gobierno, familias con jubilados y jubiladas que deben decidir por comer o comprar los medicamentos, ya que con lo que perciben no existe la posibilidad de subsistencia.

También estamos aquí por aquellas personas con problemas de salud que requieren la atención y medicación que hasta hace unos meses destinaba el Estado, aquellos que han visto coartados sus tratamientos, quedando al borde de la desesperación por causa de la desidia del Estado Nacional.

La unidad de nuestros sindicatos, organizaciones y cada uno de los ciudadanos va más allá de verse o no afectados por estas decisiones, demuestra que la destrucción del Estado y de los derechos, no es el camino.

Estamos aquí por los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores del Estado Nacional, que se encuentran golpeados por la decisión de recorte en el personal de atención. ¡No puede existir el crecimiento de una economía, mediante el ajuste a los más débiles!

Estamos aquí porque pretendemos luchar, unidos y solidarios, contra las nefastas políticas del gobierno nacional en detrimento de quienes hoy se encuentran en una situación desesperante, sin respuestas y con la incertidumbre de no saber cómo será nuestro futuro.

Estamos aquí porque necesitamos y exigimos la reapertura de la oficina de ANSES de San Salvador, producto de la lucha de muchos años que garantiza el acceso a los derechos de seguridad social de todos los habitantes del departamento.