Esta acción, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, se suma a las presentaciones anteriores realizadas por la provincia.

El reclamo se basa en la discrepancia entre las liquidaciones realizadas por la Nación y lo que Entre Ríos considera su participación justa en los excedentes. Según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, "el valor reconocido a Salto Grande por la energía generada es el más bajo del país, incluso inferior al de Yacyretá, debido a que la Secretaría de Energía Nacional no considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999".

Rodríguez Signes explicó que el objetivo de la demanda es "recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999" y modificar la forma en que se establece el precio de la energía para las represas binacionales.

El fiscal de Estado argumentó que "el bajo precio de la energía de Salto Grande impide la generación de excedentes, perjudicando a la provincia".

La demanda solicita que se declare inconstitucional las resoluciones de la Secretaría de Energía desde 2013 que fijaron un precio perjudicial, y se establezca un precio justo que respete los acuerdos de 1999. Además, se reclama el pago de una deuda por obras no realizadas, que asciende a 175 millones de dólares.

La secretaria de Energía provincial, Noelia Zapata, calificó la demanda como "fundamental" para defender los intereses de los entrerrianos.