Frigerio afirmó que "las demandas buscan defender los derechos de la provincia como productora de energía y poner fin a la discriminación que sufren los entrerrianos desde hace décadas en relación a los ingresos por la energía generada en Salto Grande".

En abril, Entre Ríos reclamó a la Nación el pago de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes del segundo semestre de 2023 y todo 2024, y denunció la "injusticia" en la distribución de regalías, significativamente menores a las recibidas por Yacyretá.

A principios de noviembre, la provincia volvió a recurrir a la Corte Suprema, solicitando la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 relacionados con los excedentes de Salto Grande, con una deuda actualizada de 175 millones de dólares.

Además, se pidió la modificación del mecanismo por el cual la Secretaría de Energía establece el precio de la energía para las represas binacionales, incluyendo la participación de Entre Ríos en la decisión.