La medida se sustenta en un informe de la Comisión Fiscalizadora Permanente que revela un déficit mensual de dos mil millones de pesos, cubierto con fondos del Tesoro Provincial, retrasos en las prestaciones a afiliados y un incremento significativo en los gastos judiciales por incumplimientos.

En declaraciones a radio La Red, Alegre explicó que "se está llevando a cabo una auditoría para determinar el alcance del déficit y la deuda acumulada, cuyos montos totales serán comunicados por el gobernador". La funcionaria señaló que, si bien se detectaron irregularidades en la administración anterior, se enfocarán en "un saneamiento económico y prestacional, sin promover acciones judiciales contra el directorio saliente". Esa tarea corresponderá a las autoridades competentes.

Alegre mencionó "la existencia de procesos administrativos ineficientes que generaron gastos excesivos, como la falta de respuesta oportuna a los afiliados, lo que derivó en un aumento de los amparos judiciales". También se detectaron inconsistencias en las compras a proveedores, con ejemplos de sobreprecios evidentes.

La intervención "se centrará en medidas administrativas internas para lograr un equilibrio económico y mejorar las prestaciones, incluyendo la revisión del nomenclador de profesionales de la salud".

Alegre aseguró que "se están tomando medidas para solucionar los problemas de afiliados y prestadores".

Fuente: Uno