A su vez, detrás de un error humano surgió el error funcional en la morgue, ya que dejan la responsabilidad de entrega de un cadáver a un policía que está de guardia, sin capacitación ni obligación de tal tarea. Además, se conoció la historia detrás de los restos de una mujer que entregaron por equivocación, los cuales fueron exhumados para una autopsia que terminó con la expulsión de un médico forense.
Mediante un comunicado oficial, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos informó sobre lo sucedido y las medidas adoptadas, tal como informó REPORTECUATRO este martes.
Posteriormente, se supo de qué cadáveres se trataba. El que debían entregar era el de Marcelo Cabeza, y el que entregaron era el de Susana Proni, la mujer que murió hace casi diez años tras un ataque de perros Rottweiler en una vivienda de Bajada Grande. En ambos casos, se trata de restos óseos: el primero, por haberse calcinado el cuerpo de la víctima, y en el segundo por el paso del tiempo.
Según Uno, el hecho fue advertido e informado por el propio Moyano el fin de semana, casi un mes después del homicidio, a las autoridades correspondientes. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los familiares de Cabeza habían recibido de parte de la División Homicidios las copias de los expedientes para que pudieran realizar cada trámite administrativo que se requiere tras el fallecimiento de una persona. Allí estaba el acta de entrega de cadáver, que fue llevado a la empresa Sasfer. Esta cochería de servicios fúnebres fue a la morgue de Oro Verde a retirar el cuerpo con el ataúd, y recibieron los restos que luego fueron sepultados por la familia. Quien lo entregó había sido el policía que estaba de guardia cumpliendo horas adicionales en la morgue. En medio del dolor, en una breve ceremonia, la familia de Cabeza despidió los restos de otra persona.
Las máximas autoridades de la Policía provincial sostienen que la responsabilidad no es del policía que entregó el cuerpo equivocado, ya que su función es custodiar el lugar y le cargan una tarea que debería corresponder al Poder Judicial, concretamente al funcionario o empleado del Departamento Médico Forense que esté de guardia.
El abogado querellante en la causa por el asesinato del chofer de Salud, Marcos Rodríguez Allende, dijo a Uno: “Más allá de ese grosero error que debe subsanarse, por un lado, y que el STJ a través de la intervención determinará las responsabilidades del caso, nosotros respaldamos en un todo la investigación penal preparatoria que se está llevando adelante, que muy eficazmente la División Homicidios ha podido avanzar conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal y que nosotros con las distintas pruebas que se vienen desarrollando tenemos, a un mes del homicidio, casi clarificado el hecho con las personas responsables imputadas”.
La posibilidad de que este episodio pueda dar lugar a algún cuestionamiento a las prácticas médicas probatorias en la causa del homicidio por parte de un defensor, está abierta.
Ahora, el procedimiento que sigue es el pedido de parte de la fiscal Melisa Saint Paul para autorizar la exhumación del cuerpo que se sepultó hace casi un mes, y la entrega de los restos correspondientes a la familia de Cabeza para que puedan realizar una digna despedida.
¿De quién era el cadáver?
Susana Proni murió a los 53 años en una vivienda de calle Estrada, en Bajada Grande, el 10 de abril de 2011. En el expediente se determinó que la causa del fallecimiento fueron las mordeduras de los dos perros Rottweiler propiedad del dueño de la casa, Silvio Gaitán. En su momento estuvo la sospecha de intencionalidad por parte del hombre, pero terminó siendo acusado por Homicidio culposo (por la negligencia fatal), recibió una probation, luego no cumplió con las reglas de conductas y terminó con una condena de prisión condicional.
Varios años después, en el marco de la investigación del femicidio de Jésica Paola Do Santo (la mujer que fue asesinada de un disparo en la cabeza, desmembrada y cuyos restos fueron arrojados al Parque Varisco, en 2017) apareció como sospechoso el mismo Silvio Gaitán.
En ese momento, el médico forense Walter Aguirre relacionó el caso con el de Proni, y revisó la autopsia realizada a esta mujer por parte de Moyano, el jefe del Departamento Médico Forense. Aguirre vio en la placa radiográfica detalles que le sugirieron que podría haber existido una herida de arma de fuego en la cabeza de la mujer, por lo que pidió la exhumación del cadáver de Proni para una nueva necropsia.
Su expectativa era encontrar un indicio que permitiera relacionar ambos casos. En esta solicitud, cuestionó a Moyano porque en tal caso se le habría pasado por alto un balazo en la cabeza.Se exhumaron los restos de la mujer y en el análisis de los restos óseos no encontraron signos de herida de arma de fuego. Por este error (y, se presume, por los conflictos originados hacia dentro del cuerpo de médicos legistas), Aguirre fue echado del Poder Judicial.
Ahora habrá que esperar a ver cuáles son las consecuencias institucionales de estos dos sucesos que terminaron relacionados, ya que además de sanciones o desplazamientos podrían haber demandas hacia el Estado, tanto de los familiares de Cabeza como de los de Proni, cuyos restos estuvieron mucho tiempo olvidados en una bolsa en la morgue judicial.
