Este convenio, que establece una inversión de 1.700.000 pesos, tiene como objetivo fortalecer la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal, a través del desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a tal fin.
La Dirección General del Patronato de Liberados de la provincia será la encargada de llevar a cabo estas iniciativas, con el apoyo financiero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Una de las medidas que se prevé dentro de este convenio es la financiación de profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía, psicología y sociología para promover la formación académica de personas con libertad condicional y aquellas que hayan agotado su pena. Además, el acuerdo estipula la implementación de mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.
Este es el tercer convenio de estas características que ha suscrito el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con gobiernos provinciales durante el año 2023 y demuestra un compromiso por parte del gobierno nacional y provincial en promover la reinserción social de las personas que han cumplido su condena y en construir una sociedad más justa y equitativa.