El cuadro tarifario contempla un incremento promedio del 18,4 por ciento para todos los segmentos de consumo, siendo esta la segunda etapa de recomposición tarifaria según lo establecido en la Resolución EPRE 2019.

Durante los últimos cinco años, tanto Enersa como la mayoría de las distribuidoras eléctricas del país han experimentado congelamientos tarifarios que han afectado los planes de inversión en los sistemas energéticos correspondientes. Esta actualización tarifaria se considera necesaria para poder continuar brindando un servicio de calidad, especialmente en temporadas estivales con olas de calor y fenómenos climáticos recurrentes en la provincia.

Es importante destacar que el índice de inflación aplicado en este nuevo cuadro tarifario es considerablemente menor que la inflación real, que a diciembre de 2023 superaría el 200 por ciento y se espera que continúe en aumento en los próximos meses.

En términos prácticos, un usuario del segmento N2 (menores ingresos) que consume 300 kW/h por bimestre y actualmente paga una factura de $3.890 mensuales (con impuestos), deberá abonar $5.045 a partir de febrero. Del mismo modo, un usuario del segmento N1 (altos ingresos) que consume 400 kW/h por bimestre y actualmente paga una factura de $11.527 mensuales (con impuestos), deberá abonar $13.068 a partir de febrero. Estas cifras son aproximadas y dependen de las cargas impositivas de cada localidad.

En un informe del INDEC se indica que el segmento N1 está compuesto por usuarios cuyos ingresos por grupo conviviente superan los 1.366.000 pesos mensuales (equivalente a 3,5 canastas básicas). En comparación, con los nuevos valores, estos usuarios abonarán menos del uno por ciento de sus ingresos mensuales por el servicio de electricidad.

Enersa aclara que sus tarifas se encuentran en línea con las de otras distribuidoras de la región y destaca que el componente impositivo, que representa aproximadamente el 30% del importe final de una factura de luz, está conformado por el IVA (21%), la Contribución Municipal (8,69%), la Tasa Municipal (que en algunos casos alcanza el 16%) y el FDEER (entre un 13% y un 18%).

El último componente había sido suspendido temporalmente hasta diciembre de este año, y la nueva gestión provincial, mediante el Decreto 256/23, ha ratificado dicha suspensión e invitado a los municipios a reducir también las cargas impositivas que perciben en las facturas locales para disminuir el costo final para los usuarios.