La medida de fuerza había sido impulsada por los gremios AGMER y AMET, pero el CGE considera que se realizó sin respetar los pasos legales.

Alegan que se tomó sin previo aviso, estando abiertas las negociaciones y sin esperar la audiencia de conciliación pautada para el 16 de abril.

Sostienen que fue un "ejercicio abusivo" que dejó sin clases a niños y niñas para "coaccionar al Estado a aceptar petitorios".

Recuerdan que el derecho de huelga puede perjudicar el interés público, por lo que el Estado debe fijar límites cuando se da en el marco educativo.

Ratificaron el diálogo con los gremios y esperan continuar la paritaria en la próxima audiencia, confiando en que su pedido de ilegalidad sea aceptado por el ministerio de Trabajo. Apuntan a declarar como ilegítima la medida sindical del pasado miércoles.