En primer lugar, se acordó rechazar la ley Bases y cualquier proyecto que busque declarar a la educación como "servicio esencial". Esta resolución refuerza el compromiso de AGMER en la defensa de los derechos laborales y la autonomía de la educación.
Además, se emitió un contundente repudio a lo que consideran una "represión sufrida durante la movilización del 12 de junio", así como "a la violación de garantías constitucionales". El Congreso expresó su preocupación por los hechos ocurridos y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales.
En relación a la situación económica de los docentes, se resolvió rechazar el aumento de aportes a activos y la imposición de aportes a jubilados. AGMER busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y garantizar condiciones dignas para los jubilados del sector.
Otro punto de preocupación abordado en el Congreso fue el aumento inconsulto en las cuotas de viviendas del IAPV. La entidad manifestó su rechazo y se comprometió a seguir defendiendo los derechos de los afiliados en materia de vivienda.
En busca de la unidad de acción, se mandató a la Comisión Directiva Central a coordinar un plan de acción conjunta con otros sindicatos y organizaciones sociales. Esta medida busca fortalecer la lucha por los derechos laborales y generar alianzas estratégicas en la defensa de la educación pública.
Por último, AGMER demandó al Gobierno nacional la restitución de los fondos de Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la mejora de la conectividad en las escuelas. Estas demandas tienen como objetivo garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la labor docente y el acceso a la educación en todo el territorio.
