De acuerdo a lo que pudo averiguar MERCURIO NOTICIAS, los ediles decidieron darle un plazo de 48 horas, contado desde la mañana del martes y por lo tanto hasta el jueves por la mañana, para que el contador municipal eleve a la Comisión por escrito su descargo ante la situación planteada
Uno de los puntos fuertes de la acusación contra el funcionario está relacionado al corte de la coparticipación nacional ante el incumplimiento de la presentación del cierre del ejercicio 2023.
Según revelaron fuentes legislativas a MERCURIO NOTICIAS, el ejercicio del 2023 no lo podría cerrar porque “en noviembre en teoría no tenía deuda, y en diciembre apareció una deuda flotante de compras por 179 millones de pesos, que no tendría cómo justificar que se haya gastado tanto, puesto que el dinero no lo tenía, ni tampoco había autorizada una ampliación presupuestaria”.
Por otro lado, se reveló a este medio que “cuando se reunieron los concejales con el contador dio su versión de todo lo que le pedía el intendente y les mintió en la cara a todos, diciendo que la presentación del ejercicio económico 2023 en vez de cerrar a fines de abril, había una prórroga hasta el 4 de junio cuando la realidad es que el 4 de junio cortaron la coparticipación y van 20 días sin coparticipación por incumplimiento”.
De hecho, en un e-mail enviado desde la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios de la provincia, firmado por Silvia Honeker, directora del organismo, y enviado el pasado 30 de mayo, se advirtió que “El Artículo 7 de la Ley número 8492 dispone que antes del 5 de mayo de cada año, cada Municipio debe presentar a la Contaduría General de la Provincia la documentación intervenida como "copia" por el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipios, así como la copia de los Balances Mensuales de Tesorería (Art. 113, inc. 3), a los fines de la Elaboración de Tablas Porcentuales de Coparticipación de Impuestos Nacionales a Municipios”.
En tanto, se indica que “en su segundo párrafo establece que, ante el incumplimiento por parte de algún Municipio de lo dispuesto anteriormente, la Contaduría General de la Provincia informará inmediatamente a la Tesorería General de la Provincia para que no haga efectivas las transferencias de los fondos correspondientes desde el primer período de Mayo, hasta tanto se subsane la situación”.
“Dado que no consta en el Honorable Tribunal de Cuentas ni en la Contaduría General la presentación de la documentación referida ut supra por parte del Municipio de San Salvador, la Contaduría General informa que a partir del día 3 de junio se procederá a hacer efectivo lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 7 de la Ley N°8492”, es decir, el corte de la coparticipación nacional.
En ese marco, nuestra fuente reveló que “cuando el intendente Zambón le notifica todos estos inconvenientes al contador, éste le manifiesta que no le da el tiempo y que necesita otra persona para que le ayude” y paso seguido, al día siguiente, se tomó licencia por vacaciones por cinco días, del 27 al 31 de mayo.
Otro de los puntos que se le apuntan al contador municipal es la falta de información sobre la “desaparición” de una notebook que fue comprada el 6 de marzo de 2023, adquirida por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio y que no forma parte del inventario recibido al momento del traspaso de mandos. Los rumores de pasillo del municipio indicarían que esa computadora habría sido retirada por el ex secretario de Obras Públicas, Leonardo Franco, al momento de ser desplazado por el entonces intendente Lucas Larrarte.
En tanto, en nota 30 de abril del 2024, el intendente le solicitó a Suárez información sobre la licitación pública para contratar mano de obra para la construcción de la casa de los Cuidadores de la Casa Común, en la suma de más de 83 millones de pesos, adjudicada a una firma local por el monto total de 91 millones de pesos. “Estos fondos no están dentro de la información recibida en el traspaso de poder” y al respecto, el intendente se pregunta si se recibió ese monto, en qué fecha, por qué se aplicó ese procedimiento y se preguntó si se realizaron obras o pagos a partir de esa adjudicación. Nunca hubo respuestas.
Lo que sí supo MN es que, por común acuerdo con la firma constructora local, se rescindió ese contrato en la actual gestión.
Otro de los puntos que se le achacan al funcionario es que se habrían recibido 83 millones de pesos como anticipo, destinados a la construcción del Centro Tecnológico Arrocero, y revisando la cuenta corriente del Banco Nación no estaban depositados como plazo fijo. Este dinero debía invertirse de esta manera y generar intereses. Lo que no se habría hecho. Y ahora, al no haber avances en esa obra, el municipio no solo debería devolver esos 83 millones de pesos sino los intereses que debió haber generado y que hoy no existen, provocando un serio perjuicio al erario municipal.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas visualizó “el pago de numerosas horas extras tanto a personal de planta permanente y transitoria como a personal contratados”.
“En la mayoría de los casos, las horas extras abonadas a los agentes contratados, supera considerablemente la cantidad de horas de los contratos respectivos (120 horas)”, se acota y remarca el TdC que “si se consideraría una jornada laboral de lunes a viernes de seis horas diarias de trabajo, que si se le agregan por ejemplo 232 horas extras mensuales (como figura a un agente), la jornada laboral diaria se extendería a casi 18 horas, lo cual resultaría de difícil cumplimiento”.
Estos son algunos de los puntos que el contador no ha sabido explicar, que nunca respondió a los informes solicitados y que ahora tiene la oportunidad de presentarlo en su descargo por escrito.
