Durante su análisis, los interventores observaron que la obra social paga precios elevados por medicamentos y servicios, lo que indica una falta de eficiencia en las compras. "Estamos realizando auditorías para identificar y eliminar gastos innecesarios, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las prestaciones para los afiliados", afirmaron.

El informe también destacó que, a pesar de que el IOSPER enfrenta una deuda acumulada de 43 mil millones de pesos y un déficit operativo mensual de tres mil millones, el aporte de la provincia está garantizado. Sin embargo, los interventores señalaron que "es crucial que estos fondos se distribuyan de manera más equitativa entre los prestadores de servicios".

Otro tema crítico abordado fue el aumento en los costos judiciales relacionados con los amparos, que son comunes entre los afiliados que buscan acceder a prestaciones. Los interventores afirmaron que algunos de estos amparos parecen ser innecesarios y que se trabajará para evitar que se conviertan en una "industria del amparo".

Además, se mencionó la existencia de una doble liquidación de sueldos, con un total de 25 funcionarios implicados, lo que también está bajo análisis. Los sueldos de los funcionarios rondan los 15 millones de pesos, lo que ha generado preocupación sobre la administración de los recursos.

Los interventores se comprometieron a brindar informes mensuales sobre la situación del IOSPER y a remitir toda la documentación relacionada con los gastos al Tribunal de Cuentas para su evaluación. "Es responsabilidad del Tribunal analizar estos gastos y determinar las acciones a seguir", concluyeron.

La situación actual del IOSPER es alarmante, y todos los ojos están puestos en cómo se desarrollarán las próximas semanas para abordar estos problemas críticos en la obra social de Entre Ríos.