Graciela Fernández, concejal PJ.

“Desde el inicio del tratamiento de la ordenanza, se podría haber avanzado significativamente con un procedimiento licitatorio”, señaló la edil, enfatizando que los pliegos de licitación establecen condiciones claras en cuanto a requisitos, objeto y precio de las compras. En este contexto, sugirió la posibilidad de realizar una compra masiva de ripio, que se entregaría según las necesidades del municipio.

Fernández, quien también se desempeñó como asesora legal en temas similares, destacó que "no se justifica el incumplimiento de las leyes que protegen el erario público y a los funcionarios encargados de las adquisiciones". Además, subrayó que "los problemas de infraestructura vial no se solucionan con contrataciones directas, sino con una planificación adecuada y un trabajo sostenido".

Respecto a la reparación de motores, la concejal aclaró que esta ya está contemplada en la Ordenanza número 1566, lo que elimina la necesidad de recurrir a excepciones en la contratación. “Por estas razones, no vamos a apoyar la contratación directa, ya que no hay fundamento para desviar de las normativas existentes”, concluyó.

Fernández recordó que ha habido casos anteriores de concejales que enfrentaron consecuencias legales por no cumplir con las leyes vigentes, lo que refuerza la necesidad de actuar dentro del marco normativo: "Ha habido casos de concejales que han tenido que desfilar por los Tribunales cuando se han apartado de las leyes vigentes", dijo.