La intervención llevó adelante auditorías económicas y financieras para determinar deudas, además de un relevamiento de los recursos humanos con el objetivo de identificar las funciones de empleados y contratados, y corroborar su asistencia al trabajo. En este marco, se detectó un número significativo de personas contratadas que no tenían ninguna tarea asignada ni concurría a trabajar.

En uso de sus facultades y su poder de administración, la intervención resolvió la baja de 111 contratados, con finalización de sus vínculos a partir del 28 de febrero.

"La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos. Solo conocíamos la punta del iceberg. Ahora, luego de dos meses de intervención y un relevamiento exhaustivo, detectamos un número importante de personas contratadas que no prestaban ningún servicio ni cumplían con tarea alguna. También encontramos casos de inasistencias injustificadas o empleados que ni siquiera se presentaban en sus lugares de trabajo.

Además, se identificaron ingresos que responden a favores políticos, y hasta un caso que refleja la magnitud de este escándalo: el de un contratado que no reside en el país", afirmaron desde el equipo interventor.