La preocupación se centra en el potencial impacto negativo de la planta en el turismo y el medio ambiente de la región entrerriana, ubicada en proximidad al proyecto.
Los mandatarios de la Mancomunidad, que abarca localidades de los departamentos de Colón y San Salvador, expresaron su preocupación unánime por la contaminación visual y el daño ambiental que la planta podría generar, afectando directamente al turismo, motor económico de la zona. Si bien reconocen la soberanía uruguaya, la cercanía geográfica implica un impacto directo en Entre Ríos.
En respuesta, el gobernador Frigerio instruyó a las áreas pertinentes para activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El objetivo es asegurar que la población potencialmente afectada reciba la información ambiental necesaria y participe en la toma de decisiones, promoviendo un desarrollo económico, social y ambiental consensuado.
El gobierno de Entre Ríos enfatiza la importancia de considerar las inquietudes de las poblaciones ribereñas, en línea con el derecho a un medio ambiente sano y la protección de los recursos naturales.
Se reafirma el compromiso con el bienestar de las comunidades y la promoción de un desarrollo sostenible que incluya las necesidades de todos los habitantes de la región.
