Vialidad Nacional informó que, al tomar posesión de los caminos, se levantarán las barreras de peaje en las estaciones Zárate (Km 85.4 RN 12), Colonia Elía (Km 100.74 RN 14), Yeruá (Km 240.21 RN 14), Piedritas (Km 362.6 RN 14) e Isla Deseada (Km 5.2 RN 174).
El organismo nacional implementará un plan de acción inmediato para garantizar la libre circulación y mejorar las zonas deterioradas por la falta de inversión de la empresa saliente.
Los trabajos a realizar incluyen corte de pastos y desmalezado de banquinas en más de 3000 hectáreas, provisión y colocación de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para bacheo e incorporación de elementos de señalética y seguridad vial.
Vialidad Nacional destacó que el contrato con Caminos del Río Uruguay S.A. era conocido desde 2014, y se prorrogó en varias ocasiones desde 2023, primero por un amparo judicial y luego por una prórroga de 12 meses en 2024 para que la empresa sanee sus finanzas. Sin embargo, la empresa no cumplió con este objetivo, a pesar de una adecuación tarifaria del 200 por ciento entre 2024 y 2025. Además, Vialidad nacional ha labrado actas de incumplimiento de contrato por un total de 60 mil millones de pesos.
El organismo aclaró que los vínculos contractuales con los empleados son responsabilidad exclusiva de la empresa, y que Vialidad nacional no tiene relación laboral con el personal contratado por las concesionarias.
La finalización de la concesión ha dejado sin empleo a más de 200 trabajadores de los peajes de la Ruta 14. Ante este escenario, el gobierno de Entre Ríos manifestó su "profunda preocupación" y comenzó a trabajar en acciones para abordar la situación.
El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, se comprometió a gestionar un diálogo con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, para encontrar alternativas para los trabajadores afectados. "Estamos preocupados y nos estamos ocupando del tema. Sabemos que es una decisión de Nación y responde a una administración deficiente de la empresa que hasta ayer era concesionaria de la ruta", expresó el ministro.
La Secretaría de Trabajo de la provincia convocó a una mesa de trabajo con todas las partes involucradas para "acercar posiciones e intentar encauzar la situación".
El Gobierno provincial reconoció que la administración de los contratos de concesión de rutas nacionales es potestad exclusiva del Estado nacional, pero advirtió que las consecuencias sociales y laborales de estas decisiones exigen una respuesta urgente y coordinada.