La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, ratificando así la decisión del juez federal Sebastián Casanello.
Las empresas "Lemiro Pablo Pietroboni S.A." y “Luis Losi S.A.”, a cargo de las obras, fueron también procesadas bajo la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, al ser señaladas como las fuentes de los presuntos retornos ilegales pagados a los ex funcionarios.
La investigación se inició en 2018 a partir de una denuncia del entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, por irregularidades en los controles de tres obras viales. Se determinó que se realizaban terraplenes de menor altura a la declarada, permitiendo a las empresas cobrar de más y devolver parte de ese excedente en forma de coimas.
Un testimonio clave fue el de un supervisor de obra, quien detalló las irregularidades e involucró a Guillermo Crisci, entonces coordinador Ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad. El testigo declaró que Crisci le ordenó reducir los perfiles de los terraplenes y repartir la diferencia en dinero.
Si bien el juez Casanello había procesado a los involucrados el año pasado, la Cámara Federal inicialmente dictó la falta de mérito y ordenó profundizar la investigación. Tras la incorporación de nuevas pruebas, Casanello volvió a procesar a los acusados, decisión que ahora fue ratificada por la Cámara Federal.
Según la Cámara, "la incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades". Los camaristas también señalaron que "las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal".
Además de Losi y Pietroboni, la Cámara ratificó los procesamientos de Crisci, del supervisor Fernando Mardiza, del topógrafo Ernesto Leal, del empresario Jorge Horacio Fernández y de las personas que actuaron como intermediarias para el cobro de coimas. También se confirmaron los embargos, incluyendo los 632.381.436,96 pesos sobre las dos compañías.
Fuente: Infobae
